La de ayer fue una jornada de reuniones, preocupaciones y tensiones en la Legislatura. El pedido de desafuero que remitió el juez Guillermo Matías Puig (subroga el juzgado de Instrucción Conclusional I) contra el legislador Ricardo Bussi (FR), por una causa de presunto abuso sexual, ingresó como una brasa caliente con la que tendrá que lidiar la Cámara. Funcionarios oficialistas de peso no ocultaron su sorpresa por la determinación que tomó el magistrado subrogante, algo que calificaron como inesperado.

Bussi apeló, y apuntó contra el juez Puig

Debido al acampe de protesta que se desplegó en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, algunas de las actividades del Poder Ejecutivo se realizaron circunstancialmente en el palacio espejado de Muñecas 951. Allí también, en el tercer piso, se realizó una reunión -sin fotógrafos- entre el gobernador interino Osvaldo Jaldo, recién llegado de Buenos Aires, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. Allí se abordaron diversos temas políticos e institucionales, entre ellos el requerimiento contra Bussi. Según trascendió, el encuentro habría continuado horas después en el domicilio del vicegobernador.

Un juez pide el desafuero de Bussi en la causa por presunto abuso

Al finalizar el trabajo de la comisión de Labor Parlamentaria, Mansilla dijo tener conocimiento del pedido de Puig, en el marco de una causa de presunto abuso sexual ocurrido en 2020. Sin embargo, aseguró desconocer el contenido pormenorizado del requerimiento. “Va a ser girado a la comisión que corresponde. Seguramente la Cámara va a medir los tiempo que meritúen para darle tratamiento al tema”, manifestó.

Cómo sigue el trámite

La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el oficialista Javier Morof, será la encargada de analizar el requerimiento del juez. De allí puede salir un dictamen que, posteriormente, será puesto a consideración en el recinto legislativo. De todos modos, Bussi informó que apeló la decisión del magistrado (ver aparte).

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El artículo 64 de la Constitución de Tucumán expresa en su segundo párrafo que “ante el pedido de desafuero formulado por un juez, la Legislatura deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, dentro de los 15 días de recibido”. Y en un tercer párrafo advierte que “si pasare este tiempo sin que haya pronunciamiento, se entenderá concedido. La denegatoria deberá ser fundada, votada nominalmente por lo menos por veinticinco legisladores, y dada a publicidad dentro de los cinco días, por la prensa local, con las razones de la denegatoria, y nombres de los legisladores que así decidieron”.

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El pedido de desafuero aterrizó en la Cámara una semana después de que otro tema de peso institucional y político, como fue el archivo de 11 pedidos de juicio político que presentaron la familia Tacacho y militantes feministas contra los fiscales que Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari. El comité de Juicio Político, que está integrado mayoritariamente por legisladores oficialistas, consideró que los funcionarios actuaron conforme a derecho y desestimó los requerimientos sin abrir una investigación.

Camino a una nueva sesión

Por otra parte, Mansilla informó ayer algunos de los temas que ingresarán en la sesión de Cámara anunciada para el 7 de abril, a las 8.30. Entre ellos se destacan la ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU), mediante el cual Jaldo crea el Ministerio de Obras Públicas (hoy a las 10.30, en el Teatro San Martín, asumirá Fabián Soria en el cargo). Indicó que, seguramente, en dicho debate también se autorice la licencia del legislador Gerónimo Vargas Aignasse (ocupará la jefatura regional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y se ponga en funcionamiento a su sucesor, Roberto Chustek (segundo del acople “Nuevo Espacio Popular”).

El aguilarense dejó en claro que, aunque tiene dictamen, el proyecto para adherir a la ley nacional de Educación Sexual Integral (26.150) que impulsan Sara Alperovich (Hacemos Tucumán) y Federico Masso (Libres del Sur), no será tratado el jueves. “Se ha abierto una línea de comunicación entre diferentes comisiones para que, en los próximos 30 días, de llegar a un acuerdo entre las partes, estaremos tratándola en la Cámara. Pero se escuchó la necesidad de algunos sectores de tener participación y de conocer el contenido de la ley”, manifestó.

Modificación: extenderán hasta diciembre la ley que impide ejecuciones prendarias

Uno de los temas que ingresará en el orden del día de la sesión del 7 de abril será una modificación a la Ley 9.405, la cual impide secuestros o ejecuciones prendarias a aquellos ahorristas que suscribieron sus planes de ahorro en Tucumán con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, y que en la actualidad se encuentren en mora con el pago de las cuotas. La iniciativa, impulsada por el legislador Javier Morof (FdT), propone que la norma -cuyo plazo máximo ya venció- se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.